Comunicado de Prensa - 30/7/10

Comunicado de Prensa

“Espacio Memoria Verdad y Justicia- San Rafael”

Por un bicentenario sin impunidad.

San Rafael, Mendoza, 30 de Julio de 2010

Hace un mes comenzó en la ciudad de San Rafael el Primer Juicio por los crímenes de Lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Ha sido un mes muy intenso donde luego de la lectura de la elevación a juicio, los represores imputados Teniente Coronel Aníbal A. Guevara (militar); Raúl Ruiz Soppe, Jefe de la Unidad Regional Nro. 2 de la Policía Provincial en aquellos años; Comisario Mussere, de la Policía Provincial; Juan Roberto Labarta integrante D2, área de inteligencia, y Raúl Egea Bernal, abogado de la policía provincial. La causa también tiene como imputado a Luciano Benjamín Menéndez, que por encontrarse en el Juicio de Córdoba no se encuentra presente.

Durante este mes se han escuchado varios testimonios de víctimas, de familiares de las víctimas de las causas de los cuales se ha ido desprendiendo que los detenidos desparecidos eran jóvenes en su mayoría comprometidos con una militancia social en sus barrios. En gran parte de los testimonios de los policías provinciales relacionados con los hechos de detención, tormentos y/o allanamientos ocurridos en el marco de las causas que se ventilan en el juicio adujeron con total hipocresía y desparpajo no recordar los hechos por el tribunal y los abogados querellantes preguntaban. Un militar retirado y integrante de la banda policial en el año 1976, reconoció haber realizado un curso anti – guerrilla donde personal militar norteamericano les enseñaron a matar y a torturar en el año 1967.El testimonio de una mujer mayor integrante de una familia que ha sufrido en varios de sus integrantes, los tormentos y detenciones ilegales, conmovió a los asistentes del juicio como así también a los integrantes del tribunal. La misma relató cómo apenas hace dos años el represor Labarta amenazó a su esposo y a ella con referencia a lo que iban a declarar en el juicio, diciéndole que sus datos están en la SIDE y en cualquier momento ellos pueden volver y eliminarlos.

Los testimonios y el juicio propiamente dicho ha disparado en la sociedad de San Rafael la posibilidad de conocer los hechos, los lugares de detención clandestinos, los tormentos físicos y/o psicológicos que sufrieron las víctimas, las actitudes de ciertos ciudadanos en el marco de la dictadura militar, en definitiva conocer y debatir sobre aquellos años. El juicio permite conocer la verdad y de esta forma lograr Justicia, no todos son iguales en la ciudad de San Rafael, comienza a descubrirse que hay personas que caminan en sus calles que tienen manchadas las manos con crímenes de Lesa Humanidad.

Por otro lado ante presentaciones judiciales realizadas en el Juzgado Federal de San Rafael por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – San Rafael, han comenzados a ser citados a declarar en otras causas que se encuentran en proceso de instrucción, personal civil que prestó funciones en el Servicio de Inteligencia del Ejercito 601, destacamento 144 correspondiente a San Rafael – Mendoza, desde 1976 al 1983. Es el caso de Julio Cesar Arco y Enrique Jesús Luppi con funciones de conductor y agente de seguridad respectivamente.

Los diversos sectores y agrupaciones que participan en el Espacio Memoria, Verdad y Justicia – San Rafael son conscientes que los pueblos que no tienen memoria están condenados a recaer una y otra vez en las peores desgracias, hay que evitar que el olvido gane la batalla, que los recuerdos del horror que significan los crímenes de Lesa Humanidad, se esfumen y que la sociedad quede, una vez más indefensa ante las acechanzas de quienes a lo largo de la historia hicieron del terror el instrumento predilecto de su intervención en los asuntos públicos. Por eso es indispensable sanear este capítulo de nuestra historia a través de la Verdad que permitirá obtener Justicia construyendo la Memoria Colectiva para que Nunca Más sucedan hechos similares.

“Las heridas de los pueblos se curan con JUSTICIA”.

1 mes de juicio

Publicado hoy en Diario San Rafael

La mayoría de los testigos siguen involucrando a los imputados

El lunes 1 de julio se sentaron en el banquillo de los acusados: el coronel Aníbal Alberto Guevara, a quien varios testigos acusaron de haberlo visto en circunstancias de ser detenidos y otros de participar en los distintos allanamientos que perpetraban las fuerzas combinadas del Ejército y la Policía de la Unidad Regional II. José Martín Mussere, un ex comisario al que muchos que pasaron ante el Tribunal en calidad de testigos o por haber sufrido detención y tormentos calificaron de hombre violento y golpeador. Juan Roberto Labarta, ex integrante del temible D2 (Inteligencia policial) y quien tenía a su cargo infiltrarse en reuniones, asambleas y actos públicos de políticos, gremiales o de militancia social para obtener informaciones de quienes concurrían y qué se trataba. Raúl Ruiz Soppe, por ese entonces jefe de la Unidad Regional II de Policía, que era el responsable a través de sus subordinados de trasladar a los detenidos políticos de este organismo policial a los sótanos de la "Casa Departamental" (Tribunales). Raúl Egea Bernal, asesor letrado de la policía. Y el médico Cristóbal Ruiz Pozo, quien no asiste al juicio por encontrarse afectado de un cáncer de colon.

Otro que no está presente en este juicio que ha cobrado trascendencia nacional por ser el primero que se produce en la provincia, es el general Luciano Benjamín Menéndez, ex comandante del Tercer Cuerpo del Ejército con asiento en Córdoba y con jurisdicción en varias provincias, por lo que está considerado como el principal responsable de la represión. El "Cachorro", tal su apodo, ya ha sido juzgado en otros juicios con penas de cadena perpetua, como el ocurrido en la provincia de Tucumán.

El lunes 5 de ese mes la Fiscalía pidió la elevación a juicio de los imputados y el martes 6 el mismo fiscal solicitó la ampliación de la acusación y la defensa lo consideró fuera de lugar. Asimismo el abogado defensor de los imputados, Rufino Troyano, solicitó la suspensión del debate, hasta tanto no compareciera el principal imputado, Menéndez. El miércoles 7 se amplió la acusación por homicidios a 4 imputados (Ruiz Soppe, Mussere, Labarta y Guevara), sobre quienes recae la acusación por el delito de privación ilegítima de la libertad en concurso real, con el delito de imposición de torturas agravada y por el concurso premeditado de 20 más personas, asociación ilícita, falsedad material y falsedad ideológica.

Dentro de lo que ha sido en sí el desarrollo del juicio, sin lugar a dudas que los relatos que se han escuchado en el recinto ha estremecido no sólo al público, sino también al tribunal presidido por el doctor Roberto Burad, a fiscales, abogados de las víctimas y querellante, por el contenido emocional que tuvieron. Las vicisitudes narradas por personas que fueron detenidas y torturadas, entre ellas las de Luis Barahona, Soto, Armando Dauverné, Calívar, como la versión de que los cuerpos de los detenidos eran arrojados dentro de una yesera, el posible enterratorio de víctimas de la represión en El Usillal, las crueldades cometidas por el mayor Luis Faustino Suárez, tuvo sus momentos estremecedores.

El próximo lunes sigue este juicio y seguramente que a medida que pasen los testigos y otras personas relacionadas con la época trágica, saldrán a luz nuevos hechos de un tiempo que una sociedad pide por nunca más.

Mas sobre el testimonio de Reyes

Nota sobre el juicio en Página/12 de hoy.

“Los yanquis nos enseñaron a torturar”

Lo contó un testigo en el juicio a represores en Mendoza. Dijo que “unos 200” efectivos argentinos acudieron al curso, dictado por rangers que “habían estado en Vietnam”. “Terminaron aprendiendo de nosotros”, señaló.

Hice un curso antiguerrilla en Tartagal, Salta, en 1967, con los yanquis. Allí yo aprendí a matar. Nos enseñaron técnicas de interrogatorio. El interrogatorio a través de la tortura. Cómo se debía torturar. La finalidad era extraer información.” El testimonio del policía y ex militar Roberto Reyes, testigo en el juicio que se lleva a cabo en Mendoza contra cuatro represores por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura, es el primero que da cuenta de la presencia de especialistas norteamericanos para entrenar a las tropas en las técnicas ilegales que se utilizarían de forma sistemática casi una década más tarde, después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Según el relato de Reyes, “unos 200” efectivos argentinos, entre oficiales y suboficiales, acudieron al curso, dictado por alrededor de veinte rangers que “habían estado en Vietnam”. Finalmente, relató, los veteranos estadounidenses “pasaron vergüenza” ante la ferocidad de sus alumnos. “Terminaron aprendiendo de nosotros”, señaló el testigo.

“Yo me anoté para hacer el curso porque me dijo mi padre, que era militar, todos los cursos que puedas hacer, hacelos.” Reyes llegó a ser cabo primero aunque siempre –asegura– se desempeñó en el Ejército como parte de la banda de música, hasta que, tras un accidente en 1970, fue dado de baja y se incorporó a la policía. El golpe del ’76 lo encontró cumpliendo un rol de guardiacárcel, primero en la zona llamada Sierra Pintada, luego en la Casa Departamental de San Rafael, adonde funcionó un centro clandestino de detención, motivo por el que fue citado como testigo. Sin embargo, sorprendió a todos los presentes en la audiencia cuando relató cómo, mientras revistaba en las Fuerzas Armadas, participó de este “curso antiguerrilla” que duró cuatro meses, en 1967, “cuando estaba el Che Guevara en Bolivia”. Argentina era gobernada por el régimen de facto de Juan Carlos Onganía.

Según narró ante los jueces del Tribunal Federal Nº 2 de San Rafael y una nutrida asistencia (en su mayoría familiares de desaparecidos), en el curso les enseñaron “como se debía torturar, distintos tipos de tortura”. Incluso detalló algunas de las técnicas adquiridas. “Por ejemplo, estaquearlos con correas mojadas y a medida que se secaban, cortarles los párpados, y llegado el momento se volvían locos porque no podían cerrar los ojos, les tiraban sal, estaban al rayo del sol –detalló–. Otra tortura era el submarino, había métodos de tortura como colgarlos de las manos, llegando al momento se descoyuntaban”. Sin embargo, para Reyes, las técnicas que traían los rangers “las conocía todo el mundo, no venían con nada nuevo: picana, sumergir a las personas, les colocaban bolsas en la cabeza, inyectables para que se desesperen, griten, pedían que los mataran”. El objetivo era inequívoco: “La finalidad de esa tortura era extraer información”, confirmó Reyes, que aseguró que “en esa situación límite dicen cualquier cosa con tal de salvarse”. Durante el entrenamiento, además, recibieron “reglamentos o especie de manuales en inglés” y, al finalizar, “hasta un diploma”.

Aunque su testimonio no dejó nuevos detalles sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en Mendoza durante la última dictadura, sí “demuestra que efectivamente hubo un plan sistemático de terrorismo de Estado que se comenzó a preparar en los años sesenta para ponerse en marcha en los setenta”, apreció el abogado querellante Pablo Salinas en declaraciones al diario local Mendoza Online. Reyes también reconoció haber visto a los imputados en el centro de detención y, aunque asegura que nunca vio a nadie allí con señales de tortura, reconoció que tener a alguien encerrado en una celda sin luz e incomunicado es una forma de tormento.

El primer juicio oral avanza contra los responsables del terrorismo de Estado en la provincia de Mendoza luego de que los camaristas Luis Francisco Miret y Otilio Romano, que frenaban su desarrollo (también bloquearon la aplicación de la nueva ley de medios), fueran denunciados por su complicidad con la dictadura. Ahora están siendo juzgados el ex teniente coronel Aníbal Alberto Guevara y los policías Raúl Alberto Ruiz Soppe (por entonces jefe de la Unidad Regional II), José Martín Mussere (oficial que funcionaba como enlace con el Ejército), Juan Manuel Labarta (que revistaba en la Policía de Investigaciones, o D2, de San Rafael) y Raúl Egea (abogado). El médico de la policía Cristóbal Ruiz Pozo, en tanto, quedó relevado por encontrarse internado y con una enfermedad terminal. El jefe del Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez, ya condenado cuatro veces a cadena perpetua, fue separado de esta causa para afrontar otro juicio en Córdoba.

Torturas

Mas sobre el testimonio de Reyes

“Nos enseñaron a interrogar a través de la tortura”, dijo un ex militar"

Tan sólo dos testimonios tuvo la jornada doce del primer juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza y si bien ninguno de los imputados fue señalado, el debate sirvió para que un ex militar y actual policía explicara que, años antes de la dictadura, fue entrenado en distintos métodos de tortura a través de profesores argentinos y rangers norteamericanos. También certificó que, días antes del Golpe de Estado de 1976, siendo ya policía, su superior le avisó, al igual que al resto de la compañía, que se preparara para un acuartelamiento y que, horas antes de que se derrocara a María Estela de Perón, todos los policías, junto a militares, se encontraban en formación en la sede de Infantería de San Rafael.

AÑOS ANTES. Roberto Florencio Reyes proviene de familia de militares y llegó a ser cabo primero desempeñando funciones en la banda de música. Allí estuvo hasta 1970, cuando, por un accidente, fue dado de baja y se incorporó a la banda de música de la policía, pero antes de ese accidente, según testimonió ante los jueces Héctor Cortés, Roberto Burad y Roberto Naciff, hizo un entrenamiento bastante particular. Corría el año 1967 y, mientras Ernesto Che Guevara se encontraba en Bolivia, alrededor de 20 rangers norteamericanos y un número similar de militares argentinos dieron un curso antiguerrillero en Salta, donde aparecieron focos de subversión por la época. Allí, según explicó Reyes: “Nos enseñaron a interrogar a través de la tortura”. Entre los métodos aprendidos por los militares argentinos que se presentaron a hacer el curso estaba el procedimiento de estaquear gente. Este consistía en atar a una persona de piernas y brazos y con correas mojadas al sol, cortarle los párpados, para que no pudieran cerrar los ojos y tuvieran que mirar permanentemente el sol y, en ocasiones, tirarles sal. Según Reyes, que argumentó que nunca aplicó métodos de tortura ni en el curso ni en la dictadura, los torturados “se volvían locos”. Reyes también señaló que se enseñó a colgar a las personas de sus brazos, a aplicarles el llamado submarino, en sus dos variantes, el húmedo, que consiste en hundir la cabeza de una persona en un tacho de agua, y el seco, que es producir asfixia a través de una bolsa. En ese sentido, Reyes señaló que “eran métodos que conocía todo el mundo y que los rangers no venían con nada nuevo”. A cambio del aprendizaje, los militares argentinos enseñaron a los soldados que asistían al curso y a los rangers el uso de la picana eléctrica. Reyes, que durante la dictadura y siendo policía fue custodio de los detenidos en la Casa Departamental durante casi dos meses, reconoció que cuando “una persona está en una situación límite, dice cualquier cosa con tal de salvarse”. El curso duró cuatro meses y, según el testigo, las personas lo hicieron “para seguir practicando e intensificando” lo aprendido. Estimó que el curso de aprendizaje continuó a través de los años.

AÑOS DESPUÉS. Reyes explicó que, días antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el oficial de policía a cargo de la Banda Militar les avisó a todos los miembros, Reyes incluido, que se fueran preparando para un acuartelamiento y, horas antes del golpe, a la medianoche, policías y militares se encontraron en Infantería, donde fueron dadas las primeras órdenes. Allí, Reyes explicó que un militar organizó a un grupo de policías, él incluido, que fue a custodiar una zona llamada Sierra Pintada y, tras cinco días en ese lugar, fue enviado a la Casa Departamental, en donde formó parte de la guardia la noche del 31 de marzo, cuando los desaparecidos Francisco Tripiana y Pascual Sandoval fueron presuntamente dejados en libertad. Según el testimonio de Reyes, con Tripiana y Sandoval no tuvo mucho contacto, en cambio sí con otros detenidos, como Alfredo Porras y el ex gobernador José Martínez Baca, a quienes ayudó en distintas circunstancias, arriesgándose, ya que, según explicó, era visto como traición si uno establecía relación con los detenidos o transmitía recados, como hizo en el caso de Porras, para que su madre supiera que estaba vivo y, posteriormente, para que este viera unos minutos a su familia, previo amenazarlo con que lo mataría si intentaba escapar. Justamente, esa “cuestión humanitaria” era lo que provocaba que él nunca pudiera aplicar los métodos de tortura aprendidos, según explicó. Reyes afirmó también que vio a los imputados José Mussere, Raúl Ruiz Soppe, Juan Labarta y a Raúl Egea en varias oportunidades en la Casa Departamental, aunque sólo en el caso de Ruiz Soppe afirmó que quizás este llegó hasta las celdas de los detenidos. No obstante, el testigo afirmó que nunca vio a nadie con señales de tortura en el centro de detención, aunque admitió que vivir en celdas, casi sin luz, incomunicados, sin que nadie supiera si estaban vivos o no, era una tortura para los detenidos y sus familias.
En ese sentido, alegó que los detenidos sentían mucho miedo y terror, porque “no sabían adónde iban a terminar”. En cuanto a los motivos de por qué había presos políticos, Reyes afirmó que nunca lo preguntó. “En ese momento cada uno cuida su pellejo, uno no preguntaba por respeto o para no quedar involucrado en algo”, explicó el miembro de la policía de Mendoza, que señaló también que dudaba de que un detenido torturado, al no tener marcas, le dijera que había sido castigado por miembros de las fuerzas de seguridad.

Jornada lunes 26/7

Noticia publicada en mediamda.com en el día de hoy.


Reyes Aramayo reveló que recibieron instrucciones sobre cómo torturar

Aramayo ya era músico de la Banda de la Policía cuando fue el golpe militar de 1976. Sin darle espacio a demasiadas preguntas lo mandaron a custodiar durante 45 días junto a otros policías la Departamental. Allí conoció a varios detenidos y tuvo buen trato con ellos. No le consta que haya habido traslado de convictos a la Municipalidad para ser interrogados, al menos durante su trabajo en ese lugar.

Este policía figura en el acta de liberación de Tripiana pero ignora qué fue de él luego de que salió del edificio. Sabe que lo subieron a una camioneta y se lo llevaron junto a otros liberados. Ignora completamente qué fue de él.

Explicó que “la policía estaba subordinada a las Fuerzas Armadas y que éstas tenían una orden emanada del Poder Ejecutivo Nacional de exterminar a los subversivos”. Aclaró que “esa orden la tomó María Estela Martínez de Perón antes del golpe de Estado”.

Por otra parte Aramayo contó anécdotas que mostraron un costado humano durante su estadía en la Departamental con los detenidos. Por ejemplo, el ex Gobernador Martínez Baca necesitaba gotas para los ojos, y él personalmente fue hasta su casa a pedírselas a su esposa, arriesgándose a ser tomado como traidor.

En otra oportunidad, la madre de uno de los detenidos, Alfredo Porras, que le llevaba comida todos los días, le dijo que “cómo sabía ella que esa comida le llegaba a su hijo, si no tenía certeza de que estuviera con vida”. Le permitió entonces al detenido, salir al patio que llevaba hasta los baños de bomberos y que su familia lo viera desde la esquina del hogar Las Mercedes para que comprobaran que estaba bien.

Mientras estuvo dentro del ejército hizo un curso de capacitación “antisubversiva” dado por los “Rangers” norteamericanos. En él aprendió tácticas militares y hasta métodos de tortura para obtener información. “Nunca puse esos métodos en práctica”, aclara aunque no duda en que otros sí lo hicieron. Sin embargo también hizo un curso de enfermería. Aramayo dice al respecto “como militar aprendí a matar y como licenciado en enfermería aprendí a salvar vidas”.

Se considera un verdadero “milico” ya que por tradición siempre hubo militares en su familia. Pero destaca sus valores afirmando que “dentro de la ley todo, fuera de la ley, nada”.

Primeras 10 jornadas del histórico juicio en San Rafael

A continuación dejamos el texto escrito por Diego, un compañero de la Coope, que intenta resumir la densidad de las 10 primeras jornadas de debate.

Lo hemos subido al portal scribd.com, pueden descargarlo en el link "download" o bien leerlo en pantalla completa en la opción "full screen".

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Resumen Primeras 10 Jornadas Del Juicio San Rafael

Juicio continua el lunes 26/7

El lunes se retoma el juicio en San Rafael con una inspección ocular

Pasaron las diez primeras jornadas del histórico juicio por delitos de lesa humanidad que se está llevando adelante en San Rafael, donde hay cinco imputados (José Mussere, Raúl Ruiz Soppe, Raúl Egea, Juan Labarta y Aníbal Guevara) de haber participado en las desapariciones de Francisco Tripiana, Roberto Osorio, Pascual Sandoval y José Guillermo Berón.




Según fuentes de la Justicia federal, el debate continuará el lunes con una pericia ocular en una vivienda ubicada en la calle Comandante Salas de San Rafael, donde habría funcionado el D2 de la Policía.

El lugar fue dado a conocer por Armando Dauverné, director del Hospital Schestakow, quien explicó que allí había un pozo de agua donde fueron arrojados los documentos de los desaparecidos y sus expedientes policiales.

Asimismo, el tribunal compuesto por los jueces Roberto Burad, Roberto Naciff y Héctor Cortés se trasladará hasta la casa del padre de Dauverné para escuchar su testimonio, quien podría involucrar directamente a Labarta como uno de los encargados de aplicar torturas. Asimismo, está previsto que Ruiz Soppe continúe la indagatoria que él mismo pidió suspender la semana pasada, alegando cansancio, luego de declarar durante siete horas.

Fuente: elsolonline.com

Inspección ocular

Publicamos aquí la nota que sacó mediamza.com a raíz de la inspección que fue realizada en el día de ayer en el lugar que el testigo dijo haber llevado detenidos.

Lozano señaló un lugar donde pudieran haber enterrado “personas desaparecidas”

El ex soldado Daniel Lozano en el juicio que se está llevando a cabo por las desapariciones de cuatro personas durante la última dictadura militar, testificó esta mañana ante el tribunal. Dijo que cuando era chofer, una noche le tocó ir en una camioneta hasta un descampado con un militar de mayor rango que le indicaba el camino. En ese viaje en la parte trasera de la F100 del Ejército viajaban otros soldados que “llevaban algo para dejar”.

Al bajar de la misma, los soldados demoraron aproximadamente una hora y media en volver. Lozano arriesga a decir que puede que hayan llevado un cuerpo para enterrar allí, dada la hora de la noche y el tiempo que demoraron en volver. Pero también aclaró que no le consta tal situación.

El Juez, Dr. Burad, luego de la indagatoria, le pidió al testigo que volviera al mediodía para ir con él hasta el lugar donde supuestamente manejó aquella noche. En horas de la tarde se hizo el recorrido, con la presencia de Policía Federal, Gendarmería Nacional, los jueces, las partes y la prensa.

El lugar señalado por Lozano es en la calle “La Esperanza” del El Usillal. Allí estaba un hombre llamado Humberto Poblé de 60 años, analfabeto que se asustó un poco ante la presencia de tanta gente y sobre todo, de la policía. Al ser indagado por el Dr. Burad, el hombre dijo que no recuerda haber visto camionetas en aquellos años, pero dijo que por esa zona vivía un militar.

Lozano asegura que fue por esa zona el lugar donde bajaron los militares.
A pesar de los testimonios sería muy difícil hoy, luego de 34 años, encontrar allí, si los hubiera, los restos de un cuerpo humano.

Jornada 19/7

Informa elsolonline.com

La octava jornada del juicio de San Rafael permitió saber cómo vivió una de las víctimas de la dictadura sus últimos días, hasta que en la madrugada del 1 de abril fue conducido a un lugar, del que nada se sabe, donde su cuerpo desapareció hasta el presente, en que su familia aún reclama sus restos para poder darle sepultura.


TRIPIANA. Hasta ayer, todos los testigos habían sido o familiares de desaparecidos o ex presos políticos, por lo que, cuando se sentó un ex soldado al frente del tribunal, todos los asistentes al debate esperaron impacientes para ver qué diría, más aún porque Mario Lemos fue uno de los encargados de custodiar a Tripiana antes de que este desapareciera.

Según lo que explicó Lemos, él era un soldado conscripto que tuvo la tarea de custodiar a Tripiana y otros presos políticos por un lapso de entre cuatro y siete días, todos ellos en la Casa Departamental, donde funcionan los tribunales sanrafaelinos.

Durante esos días, él y Tripiana hablaron en varias oportunidades y, según expresó Lemos, “Tripiana se veía con miedo, sin saber por qué estaba detenido”, aunque seguro de que lo dejarían en libertad de un momento a otro, porque no había hecho nada malo.

Lemos también habló sobre las detenciones. En ese aspecto, aseguró que los operativos se hacían con

“camiones y Ford Falcon, en los que iban algunos militares uniformados y otros de civil” y que, cuando se los trasladaba a los detenidos, estos iban en el camión con las manos en la nuca o levantadas y amarrados. Asimismo, afirmó que en la Casa Departamental, los detenidos se encontraban en muy malas condiciones, sin poder lavarse y, generalmente, los llevaban al baño con los ojos vendados.

Lemos también explicó que comían mal y que los alimentos que les llevaban sus familiares se los daban mucho después de recibirlos.

RECONOCIMIENTO. Por otro lado, y con los imputados –Juan Labarta, José Mussere, Raúl Egea Bernal, Raúl Ruiz Soppe y Aníbal Guevara– de pie, el testigo solamente reconoció a Guevara, por ser este el único militar de los imputados y ser quien daba las órdenes a los soldados que custodiaban en la Casa Departamental.

Lemos, además, afirmó que Guevara comandaba los operativos de detención, aunque explicó que eso lo sabía sólo por comentarios, ya que únicamente participó en uno de ellos.

En tanto, otro de los testigos, Osvaldo Montenegro, explicó durante su testimonio, que uno de los imputados, Mussere, les pegaba a los detenidos junto con el mayor Luis Suárez y los trataban de “zurdos”, “montoneros” y “guerrilleros”.

EL JUICIO. El testimonio de Lemos fue parte de la octava jornada del juicio que se está llevando adelante en San Rafael, donde a los imputados Guevara, Labarta y Mussere se los acusa del homicidio y desaparición de Tripiana, José Berón, Pascual Sandoval y Roberto Osorio.

En el caso de Ruiz Soppe se lo excluye de la muerte de Berón, mientras que a Egea Bernal se lo acusa de asociación ilícita, igual que al resto, y de falsificación ideológica y material de un documento público.

Continúa el juicio

Hoy no salió nada sobre el juicio en los diarios locales, solo encontramos este artículo del portal online El Sol. Recuerden que continúa el juicio, hoy declaran Mariano Tripiana, Osvaldo Montenegro, Juan Pérez Sánchez y Carlos Isidro Villar; el ex soldado Mario Lemos y la mujer de un policía muerto, Susana Urquiza de López. También, como infroma El Sol, el tribunal dará a conocer si acepta el pedido de compulsa hecho por los abogados querellantes y por la fiscalía, en el que se solicitó que se investigara a un grupo de personas que fueron nombradas en los testimonios. Entre ellas, un abogado que se llamaría Fernando Cuervo, un suboficial de apellido Alonso y un policía con el nombre de Fierro, compañero de Labarta.

Testimonio señala un lugar donde habría restos de desaparecidos

Algunos dicen que fue porque se encontraba muy enfermo y preveía el final de su vida, otros, porque su mujer lo convenció. En el 2003, un ex policía se presentó espontáneamente ante la Justicia federal y declaró en dos oportunidades que había estado en un lugar donde sepultaron a una víctima de la dictadura militar y que, junto a él, estaban el mayor Luis Suárez, ya fallecido, y uno de los imputados en el juicio de San Rafael, Raúl Ruiz Soppe.

EL SEGUNDO. Carlos Blas Baez Koltez, ya fallecido, era un efectivo de la Unidad Regional II de la Policía de Mendoza, con sede en San Rafael.

No era cualquier uniformado. Durante la dictadura y antes de esta, fue el segundo de la Unidad Regional que comandó Ruiz Soppe en los primeros meses de la dictadura militar de 1976.

De hecho, Ruiz Soppe lo mencionó en varias oportunidades durante su testimonio, asegurando que, cuando Suárez le pidió dos uniformados para que trabajaran con las Fuerzas Armadas, el encargado de la selección fue Baez Koltez.

Lo que no mencionó Ruiz Soppe en su declaración fue algo que habría presenciado su subalterno que lo podría mandar a prisión.

Según figura en el expediente, Baez Koltez se presentó en el 2003 ante la Justicia federal de manera espontánea y dio dos declaraciones sobre el mismo hecho, siendo la segunda una ampliación de la primera.

En ella, Baez Koltez aseguró que, en una oportunidad, acompañó a Suárez y a Ruiz Soppe a un lugar llamado La Remonta, ubicado en Tunuyán, y tras recorrer cientos de metros llegaron a una casa de adobe en donde había un hombre estacado a una cama, prácticamente inmóvil.

Allí Suárez lo golpeó con un palo y, posteriormente, el hombre fue llevado a un pozo cercano a la casa, donde fue arrojado.

En ese momento, y tras la orden de Suárez, todos los presentes, incluido Ruiz Soppe, dispararon sus armas sobre la víctima, cuya identidad aún se desconoce, como tampoco se han encontrado sus restos.

Según Blas Koltez, el cuerpo, además, fue rociado con cal y ácido, lo que coincide con el testimonio de uno de los testigos del juicio, Isidro Calivar, quien recordó que Suárez le ordenó en una oportunidad que se quedara callado o lo tirarían en un pozo y le echarían, justamente, cal y ácido.

Pero la declaración de Baez Koltez no se queda allí, sino que también aseguró que era una metodología recurrente el darles una supuesta libertad a los prisioneros para luego desaparecerlos, ocultando sus cuerpos, como se hizo en el caso que él mismo narró hace siete años.

RELACIONES. Para la Justicia, la declaración de Baez Koltez no deja lugar a dudas. Por un lado, a nadie le extraña que haya estado con Ruiz Soppe y con Suárez, ya que, incluso, el mismo Ruiz Soppe en su testimonio durante el juicio que se está llevando adelante en San Rafael explicó que muchas de las diligencias las llevaba adelante su segundo, Baez Koltez, por lo que este era una persona de absoluta confianza.

Por otro lado, también hay una serie de coincidencias que le dieron más credibilidad a la historia.

Esto es, La Remonta pertenece a Campo Los Andes, un gran predio propiedad del Ejército.

En esa zona estaba, y continúa ahí, la base de la Compañía 8 de Ingenieros de Montaña, que era comandada por Suárez.

Pero, además, tras el testimonio de Baez Koltez, la Justicia comenzó una investigación que hoy tiene en su poder el fiscal de la Unidad Especial para delitos de Lesa Humanidad, Omar Palermo.

Según esta, el lugar mencionado por Baez Koltez ya fue encontrado, al menos lo que habría sido el contrapiso de la casa, sin embargo, aún no se ha podido ubicar dónde habría existido un pozo, debido a la extensión del terreno.

No obstante, las investigaciones continúan para tratar de descubrir señales de que se haya removido la tierra en las últimas décadas.

ESPERANZAS. La declaración de Baez Koltez es una señal de esperanza para los familiares de desaparecidos que han reclamado durante el juicio de San Rafael que los imputados digan dónde están los cuerpos de los desaparecidos para poder finalmente hacer el duelo.

Según explicó Pablo Salinas, uno de los abogados querellantes, “hay muchas esperanzas en que pueda llegar a ser verdad” y relacionó el testimonio de Baez Koltez con el caso de la estudiante puntana Graciela Fiochetti, quien, luego de ser asesinada por policías de San Luis, durante la dictadura militar, fue arrojada a las Salinas del Bebedero.